La ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, negó tajantemente haber tenido algún grado de injerencia en la remoción de la subdirectora de Inteligencia de la Policía de Investigaciones de Chile, Consuelo Peña.
Durante su intervención en la Comisión de Seguridad del Senado, la secretaria de Estado respaldó lo previamente señalado por el director general de la institución, Eduardo Cerna, asegurando que la decisión fue adoptada exclusivamente en el marco institucional. “Alguna injerencia mía, no”, afirmó, junto con manifestar su incomodidad ante lo que calificó como expresiones “vejatorias” provenientes de distintos sectores.
En ese contexto, Trinidad Steinert también rechazó las versiones que apuntaban a una supuesta motivación personal detrás del caso. La autoridad desestimó de forma categórica cualquier “historia paralela” de carácter amoroso, señalando que dichas especulaciones carecen de fundamento y solo buscan instalar interpretaciones erróneas sobre la situación.
La ministra enfatizó que su principal interés está en el trabajo por la seguridad del país, destacando su trayectoria como fiscal desde 2005 y su rol actual enfrentando la crisis en esta materia. En esa línea, hizo un llamado a fortalecer la coordinación entre instituciones para avanzar en la construcción de un país más seguro.
La consulta sobre este caso fue planteada por el senador del Partido Socialista, Juan Luis Castro, en medio de la controversia generada por la salida de Peña.
Por su parte, Eduardo Cerna ya había señalado previamente, en la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados, que la decisión de remover a la funcionaria se enmarca dentro de sus atribuciones legales, asumiendo plenamente la responsabilidad.
Finalmente, la ministra advirtió que Chile enfrenta una “emergencia de seguridad” que requiere medidas más firmes y eficaces. En ese contexto, detalló que la estrategia del gobierno encabezado por José Antonio Kast contempla reforzar el control del orden público, combatir el crimen organizado, fortalecer a las policías, endurecer penas y ampliar la infraestructura penitenciaria, entre otros ejes prioritarios.
