Desde el Colegio de Profesoras y Profesores cuestionaron los proyectos de seguridad en establecimientos educacionales firmados este martes por el presidente José Antonio Kast, los que contemplan modificaciones al Código Penal e incluyen medidas como la revisión de mochilas.
La primera iniciativa propone introducir cambios al Código Penal, incorporando nuevas circunstancias agravantes de responsabilidad penal para delitos cometidos en recintos educacionales. En tanto, la segunda —denominada “Escuelas Protegidas”— apunta a la prevención, considerando medidas como la revisión de mochilas y bolsos, la prohibición del ocultamiento facial de estudiantes y la inhabilidad de ciertos condenados para acceder a la gratuidad universitaria, entre otras disposiciones.
Críticas del Colegio de Profesoras y Profesores
Al respecto, el presidente del gremio docente, Mario Aguilar, señaló que, en una primera revisión, las propuestas resultan insuficientes frente a la magnitud del problema.
“En una primera lectura, y sin conocer aún el detalle completo del proyecto, nos parece que queda absolutamente pobre en relación con la gravedad y profundidad de la situación que se busca abordar”, afirmó.
Aguilar sostuvo que las medidas se enfocan en las consecuencias, pero no en las causas de la violencia escolar. En ese sentido, criticó la falta de énfasis en salud mental.
“Se proponen sanciones que apuntan a los efectos, pero no a las causas. No hay una sola mención a lo que consideramos uno de los principales focos del problema: la salud mental”, indicó.
El dirigente recordó que esta preocupación ha sido planteada desde hace años, incluso durante administraciones anteriores, y advirtió que situaciones recientes evidencian la urgencia de abordarla.
“Hemos insistido en que se debe enfrentar el problema de salud mental que atraviesa nuestra sociedad, el cual se traduce en graves situaciones en los colegios. Lo ocurrido en Calama lo demuestra de manera dramática: detrás de ese horror hay una causa profunda”, sostuvo.
Asimismo, Aguilar cuestionó el enfoque del sistema educativo, señalando que no logra conectar con los estudiantes ni atender adecuadamente su bienestar.
“Hoy tenemos una educación que no resulta atractiva para los estudiantes y que, además, se despreocupa de las personas. Ese es un tema que también debe abordarse, pero el presidente Kast no lo menciona”, agregó.
El dirigente también advirtió sobre posibles efectos negativos de algunas medidas, calificándolas como “tramposas”. En particular, criticó que se puedan equiparar hechos de distinta gravedad.
“Se pretende mezclar cualquier manifestación que interrumpa clases. Según este proyecto, podría ser lo mismo un acto de violencia grave, como el lanzamiento de bombas molotov, que una protesta pacífica de estudiantes por condiciones indignas, como baños insalubres, algo que ha ocurrido en múltiples ocasiones”, explicó.
Finalmente, Aguilar cuestionó la sanción de inhabilidad permanente para acceder a la gratuidad universitaria en ciertos casos.
“Nos parece un grave error sancionar de por vida a una persona. Por ejemplo, un joven que a los 14 años cometa una falta o incluso un delito podría quedar excluido para siempre de este beneficio. Creemos que esto podría incluso ser inconstitucional”, afirmó.
En esa línea, concluyó que las propuestas resultan insuficientes frente a la complejidad del fenómeno de la violencia escolar.
“Estas medidas se quedan cortas frente a la profundidad del problema que enfrentan hoy los colegios”, cerró.
