Un informe de la Dirección de Presupuestos (Dipres) volvió a evidenciar la brecha entre la magnitud del mal uso de licencias médicas en el sector público y las sanciones aplicadas. Según el séptimo balance consolidado de procedimientos disciplinarios, con datos al 31 de diciembre de 2025, se detectaron 40.629 licencias presuntamente incumplidas, que involucran a 29.270 funcionarios del Gobierno Central.
Del total de casos, más de 26 mil deben ser investigados mediante sumarios administrativos, de los cuales la mayoría sigue en trámite. A la fecha, solo 1.543 procesos han sido cerrados con resolución ejecutoriada y, dentro de ese grupo, 262 funcionarios han sido destituidos. En paralelo, más de mil trabajadores optaron por renunciar antes de que se iniciara un procedimiento disciplinario en su contra.
El informe también da cuenta del impacto económico asociado a estas irregularidades. La duración promedio de las licencias cuestionadas alcanza los 22,1 días y, considerando remuneraciones brutas promedio, se estima que los funcionarios sometidos a sumario recibieron pagos por $36.876 millones durante los periodos de ausencia. Las principales causales detectadas corresponden a salidas del país, actividades en servicios regionales y asistencia a casinos de juego.
