El Senado aprobó este lunes la Acusación Constitucional contra el ministro de la Corte Suprema, Diego Simpertigue, decisión que implica su remoción inmediata del máximo tribunal y su inhabilitación para ejercer cargos públicos por cinco años. La resolución se adopta en medio de una profunda crisis que afecta al Poder Judicial y tras la aprobación previa del libelo por parte de la Cámara de Diputadas y Diputados.
La acusación se estructuró en tres capítulos, de los cuales bastaba aprobar uno para concretar la destitución. El primero, relativo a una falta grave a la probidad en la causa BelAz Movitec, fue aprobado por unanimidad; el segundo, vinculado a un eventual conflicto de interés en nombramientos notariales, fue rechazado; mientras que el tercero, relacionado con el caso Fundamenta y eventuales vínculos impropios, fue aprobado por amplia mayoría. Simpertigue negó en todo momento haber incurrido en irregularidades.
Con esta decisión, ya son tres los ministros de la Corte Suprema destituidos durante 2025, situación que profundiza el cuestionamiento institucional al sistema judicial chileno. Desde distintos sectores se ha advertido que estos hechos evidencian un deterioro en los estándares de probidad, independencia e imparcialidad de las más altas autoridades del Poder Judicial, reforzando el debate sobre la necesidad de reformas estructurales.
