La ministra vocera de Gobierno, Mara Sedini, confirmó que su cartera ya remitió a la Contraloría General de la República (CGR) todos los antecedentes solicitados en el marco de la polémica generada por la frase “Estado en quiebra”, utilizada en contenidos difundidos por el Ejecutivo.
Fue el miércoles 25 de marzo cuando el organismo contralor ofició al Ministerio Secretaría General de Gobierno, otorgando un plazo de cinco días para entregar la información relativa a las publicaciones donde se aseguraba que el país se encontraba en dicha situación.
Entre el material cuestionado se incluyó no solo un video, sino también contenido en Instagram con gráficas que señalaban textualmente: “¿Por qué no podemos bajar el precio de la bencina con el Mepco? Porque nos dejaron sin plata. Un Estado en la quiebra”.
La controversia escaló rápidamente en el mundo político. El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, afirmó que “jamás” utilizaría ese término, mientras que días después el propio presidente José Antonio Kast realizó un mea culpa, reconociendo que “fue un error, lo corregimos y de ahí para adelante vamos a mejorar”.
Cumplido el plazo establecido por la Contraloría, Sedini aseguró que el Ejecutivo respondió el oficio sin solicitar prórroga y destacó la disposición del Gobierno a colaborar con el organismo fiscalizador.
“Valoramos muchísimo la función que tiene contra la Contraloría General de la República y es por eso que hemos trabajado por responder”, señaló la secretaria de Estado, agregando que “no nos vamos a quedar en la discusión de un concepto”.
En esa línea, la ministra hizo un llamado a centrar el debate en materias de fondo. “Toda esta polémica se da en el marco de una crisis internacional que nosotros nos hemos enfocado en responderle a la ciudadanía”, remarcó.
Por su parte, la Contraloría no ha emitido nuevos pronunciamientos sobre este caso en particular. Sin embargo, su máxima autoridad, Dorothy Pérez, abordó recientemente el proceso de auditoría general del Estado impulsado por la actual administración.
En un conversatorio en la Universidad de Los Andes, la contralora advirtió que el sistema de control institucional ha presentado fallas durante años y anticipó que existirán hallazgos relevantes.
“Esa auditoría que la están desarrollando los auditores internos y los auditores ministeriales que forman parte de este Sistema Nacional de Contro,l van a encontrar cosas”, afirmó.
Asimismo, respondió a cuestionamientos sobre eventuales responsabilidades del organismo. “El otro día una persona me dijo: ‘Eso quiere decir que la Contraloría entonces falló si no las encontró alguien’. No, lo que quiere decir es que el Sistema Nacional de Control completo falló, no es la Contraloría, que es la última línea”, enfatizó.
En cuanto al avance de dicha auditoría, se espera que el próximo 10 de abril el Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno (CAIGG) entregue el primer informe con sus conclusiones preliminares.
