Nuevos y graves antecedentes se conocieron en la investigación por corrupción que involucra a siete funcionarios de Gendarmería y una civil en el penal de Alto Bonito, en Puerto Montt. La Fiscalía reveló que los imputados operaban una verdadera red de servicios ilícitos al interior del recinto, que incluía el ingreso de alcohol, medicamentos como Sildenafil (viagra), alimentos de alto valor y cobros a internos para facilitar encuentros sexuales en dependencias del penal.
Durante la audiencia de formalización, el Ministerio Público detalló que los gendarmes cobraban tarifas en efectivo para permitir visitas conyugales en los baños, además de comercializar productos como botellas de ron, sushi, pichangas y sándwiches. A esto se sumaba la operación de los llamados “módulos bancarios”, sectores donde reclusos realizaban estafas telefónicas con total impunidad, utilizando celulares ingresados ilegalmente y evadiendo las cámaras de seguridad.
La investigación también reveló una compleja red financiera externa, donde una civil recibía los pagos a través de cuentas bancarias, incluso utilizando la cuenta de su hija menor de edad para ocultar los dineros, que en algunos casos superaban los $2 millones. La Fiscalía expuso además amenazas contra funcionarios que se negaron a participar en los ilícitos. Pese a los intentos de la defensa por anular el proceso, el tribunal validó la investigación y los ocho imputados quedaron bajo custodia mientras continúa la audiencia de formalización.
