Un nuevo foco de tensión se abrió en torno al proyecto de ciclovía del eje Alameda, luego de que el ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, cuestionara con dureza la iniciativa promovida por el gobernador metropolitano, Claudio Orrego.
Durante su participación en el programa Mesa Central, el secretario de Estado apuntó directamente al costo del proyecto, cifrado en $8 mil millones, señalando que “debe ser la más cara de la historia”, en un contexto marcado por restricciones presupuestarias dentro de la cartera.
Cuestionamientos por prioridades de gasto
El titular del Minvu enfatizó que actualmente no existen recursos disponibles para avanzar en este tipo de obras, subrayando que la prioridad del Gobierno está centrada en enfrentar la crisis habitacional.
“Con esos recursos podemos hacer mejores cosas en Maipú y en otras comunas”, sostuvo, destacando la necesidad de redirigir la inversión hacia proyectos de vivienda.
Asimismo, el ministro puso en duda el impacto del proyecto, asegurando que el uso de la bicicleta sigue siendo minoritario. “Solo un 3% usan bicicleta”, afirmó, calificando la iniciativa como “un tramo acotado” que no justificaría el nivel de inversión comprometido.
Críticas al rol del gobernador
En uno de los puntos más críticos de su intervención, Iván Poduje también cuestionó el impulso del proyecto por parte de Claudio Orrego, sugiriendo que existe una dimensión política en su promoción.
“Hay cierta apropiación del gobernador, que es simbólica, como parte de su legado”, afirmó.
En esa línea, planteó que la ejecución de la obra podría evaluarse en el futuro, pero bajo otras condiciones, reiterando que “primero son las prioridades”, en alusión a las urgencias habitacionales y al ajuste fiscal que enfrenta el ministerio.
Debate por proyecto Nueva Alameda
Las declaraciones se producen en medio de la controversia por la continuidad del proyecto “Nueva Alameda”, que contempla una ciclovía de alto estándar destinada a conectar distintos sectores de la capital.
Desde el Ejecutivo se ha defendido que cualquier decisión respecto a su avance responde a criterios de priorización del gasto público, en un escenario donde el presupuesto del Ministerio de Vivienda se encuentra altamente comprometido y sujeto a restricciones.
El debate instala nuevamente tensiones entre desarrollo urbano, movilidad sustentable y las urgencias sociales, en un contexto económico que obliga a redefinir las prioridades de inversión pública.
