El plan de cobro a deudores del Crédito con Aval del Estado (CAE) comenzó a mostrar sus primeros efectos en la recaudación fiscal, con un aumento de los pagos diarios desde $30 millones a cerca de $200 millones. Esto ocurre en medio de la controversia generada por las declaraciones del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, quien advirtió la existencia de un “fraude social”.
El debate sobre la recuperación de estos recursos se venía instalando desde hace semanas, pero fue este lunes cuando se evidenciaron resultados concretos. Según explicó el propio Quiroz, el alza en los pagos se produjo inmediatamente después del anuncio del plan, lo que reflejaría una rápida reacción por parte de los deudores.
Durante un seminario organizado por la Sofofa junto a la Universidad del Desarrollo, el secretario de Estado detalló que el incremento —que supera en más de seis veces los niveles previos— se explica por la identificación de personas con capacidad de pago que no estaban cumpliendo con sus obligaciones.
Sin embargo, sus declaraciones marcaron un punto de inflexión en el debate político. El ministro instaló el concepto de “fraude social”, asociándolo al uso de beneficios estatales por parte de quienes sí podrían responder a sus deudas.
“Una cosa es el gasto social y otra cosa es el fraude social”, afirmó.
En esa línea, defendió el actual sistema de financiamiento y cuestionó la necesidad de avanzar hacia un nuevo mecanismo como el FES.
“La política social es tener CAE y el CAE después hay que pagarlo. Así desterramos un mito: que era necesario aprobar el FES”, sostuvo.
Las palabras del titular de Hacienda generaron reacciones inmediatas en el mundo político. Desde el Frente Amplio, su secretario general, Andrés Couble, emplazó al Ejecutivo a abordar el problema estructural del endeudamiento estudiantil.
“Llamaría a la ministra de Educación y al ministro Quiroz a hacerse cargo del problema de fondo. Llevamos tres gobiernos discutiendo esto y hoy no se nos propone nada; solo pirotecnia comunicacional al destacar el aumento de la cobranza”, señaló.
Por su parte, el diputado del Partido Comunista e integrante de la comisión de Hacienda, Boris Barrera, cuestionó el tono de las declaraciones del ministro, especialmente el uso del concepto “fraude social”, advirtiendo que no todos los deudores del CAE están en condiciones de cumplir con sus pagos.
“Es una descalificación gratuita. Emitir un juicio tan categórico sobre un tema que responde a una demanda social me parece inapropiado y no se condice con la investidura del ministro de Hacienda”, afirmó.
En este contexto, el Ejecutivo continuará con la implementación del plan de cobro a través de la Tesorería General de la República, enfocando la estrategia en deudores de mayores ingresos. Se prevé, además, que en las próximas semanas se intensifique la recuperación de estos recursos.
