Más de 550 trabajadores del holding Pullman Bus presentaron una querella penal por apropiación indebida, acusando a la empresa de descontar cotizaciones previsionales desde 2022 sin enterarlas en las instituciones correspondientes. Según el sindicato, la deuda —considerando intereses y multas— ascendería a $19.898 millones, afectando pagos de salud, pensiones y seguros. La acción judicial apunta a los actuales controladores del grupo, hijos del fundador Pedro Farías Soto, y sostiene que los hechos podrían configurar uno de los mayores perjuicios laborales recientes en el sector del transporte interurbano.
De acuerdo con los denunciantes, la situación ha dejado a trabajadores sin cobertura médica activa, imposibilitados de jubilarse o acceder a créditos bancarios, además de enfrentar retrasos reiterados en el pago de sueldos. El deterioro —aseguran— se habría profundizado tras el fallecimiento del fundador en 2021, con problemas financieros, embargo de buses y disminución de personal. La controversia también fue llevada al ámbito laboral mediante una tutela por vulneración de derechos fundamentales presentada ante el 2° Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago.
Uno de los puntos centrales de la demanda es que el holding, compuesto por al menos 16 sociedades, operaría bajo una estructura de “multirut” para eludir responsabilidades. Por ello, el sindicato solicita que la justicia declare la existencia de un único empleador, lo que permitiría perseguir la deuda de manera solidaria entre las distintas empresas del grupo. Radio Bío Bío informó que contactó a la compañía para conocer su versión, pero hasta el cierre de la edición no hubo respuesta.
