El proyecto de Ley de Presupuesto 2026, ingresado al Congreso por el Ejecutivo, trajo consigo un ajuste que ha levantado polémica en el ámbito de la seguridad. El Plan Nacional Contra el Crimen Organizado (PNCO), creado en 2023 para fortalecer las capacidades tecnológicas y operativas de instituciones como Carabineros, la PDI, Aduanas y la Policía Marítima, verá reducidos sus recursos en un 31,7%. Mientras en 2025 disponía de más de $88 mil millones, para el próximo año la cifra caerá a poco más de $60 mil millones.
El recorte se enmarca en un escenario de déficit fiscal y en la baja ejecución presupuestaria detectada en años anteriores: según Libertad y Desarrollo, entre 2023 y 2024 solo se habría utilizado el 48% de los fondos asignados. Aun así, preocupa la magnitud de la disminución, especialmente en áreas sensibles como la PDI, que recibirá 11,3% menos que en 2025, y en instituciones del gobierno central como Aduanas y Gendarmería, cuyo presupuesto baja en un 81,4%.
Carabineros, en contraste, será la única institución beneficiada, con un aumento de 19,3% en recursos provenientes del PNCO, alcanzando más de $47 mil millones. Según el Ministerio de Seguridad, dichos fondos se destinarán a la renovación de vehículos, la formación de nuevos efectivos y la modernización de equipamiento. A pesar de estos avances, persiste la crítica de que la reducción al plan ocurre en un contexto en que la seguridad es uno de los temas más sensibles de la agenda pública y electoral.
