La discusión del Presupuesto 2026 enfrenta a la oposición con un verdadero rompecabezas: identificar qué áreas del gasto se podrían recortar es una tarea complicada. Según la senadora Ximena Rincón, el objetivo principal es transparentar lo que ha hecho el gobierno, mientras que el senador José García admite que “hay ministerios que no resisten una rebaja”.
La oposición carece de la capacidad técnica, información y tiempo para discriminar de manera efectiva entre gastos esenciales y prescindibles, y cualquier recorte puede repercutir directamente en el próximo gobierno, convirtiéndose incluso en un autosabotaje. El plazo constitucional también limita las opciones: si el proyecto no se despacha antes del 30 de noviembre, la propuesta se considera aprobada automáticamente.
Hasta ahora, los intentos de presión se han limitado a pequeños gestos, como abstenciones o la postergación de partidas en ministerios específicos, mientras que las grandes carteras (Salud, Educación, Obras Públicas y Trabajo) ya vienen muy ajustadas y apenas permiten recortes adicionales. Según los parlamentarios de derecha, los ministerios de menor tamaño, como Presidencia, Segpres, Segegob y Cultura, podrían ser los primeros en recibir ajustes, aunque serían simbólicos o testimoniales.
El debate sobre el presupuesto refleja, además, dudas sobre las estimaciones de ingresos, retrasos en pagos y restricciones de ciertos programas, lo que mantiene a la oposición a la espera de la exposición del Consejo Autónomo Fiscal, instancia clave para definir la estrategia legislativa de cara a la aprobación final.
