En su primera jornada como Presidente de la República, José Antonio Kast firmó un paquete de decretos e instrucciones que definen las prioridades de su administración.
Las medidas abarcan desde el control fronterizo en la macrozona norte hasta una auditoría integral de todo el Estado, pasando por la designación de un comisionado con facultades especiales y la reactivación de inversiones. La firma se realizó en el Palacio de La Moneda.
Una de las primeras disposiciones establece la Política Nacional de Cierre Fronterizo y la declaración de Zona Militar en el sector más vulnerable de la frontera con Bolivia.
El decreto determina la delimitación geográfica de esa área para implementar un control territorial a cargo de las Fuerzas Armadas.
Las medidas inmediatas incluyen el incremento de medios militares en sectores críticos de la macrozona norte, el mejoramiento de vigilancia mediante drones y sensores optrónicos, y el fortalecimiento de comunicaciones en la zona fronteriza.
El ámbito geográfico abarca las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta.
En paralelo, Kast designó a Alberto Soto Valenzuela como Comisionado Presidencial para la Macrozona Norte, una autoridad con facultades de coordinación intersectorial para el control migratorio y la persecución de delitos transnacionales.
Sus funciones clave incluyen coordinar a las Fuerzas Armadas, Carabineros y la PDI en la frontera norte, articular servicios fiscalizadores y proponer medidas contra el narcotráfico y el crimen organizado.
El decreto, firmado el 11 de marzo, establece su dependencia del Ministerio del Interior y su enlace con el EMCO, la CCN y las Jefaturas de Áreas Fronterizas.
El Mandatario también instruyó una Auditoría Total de todos los ministerios e instituciones del Estado, un mecanismo diseñado para establecer una línea de base técnica y política que permita detectar y denunciar irregularidades de inmediato.
La medida descansa sobre tres pilares: un diagnóstico técnico irrefutable para cada servicio público, un estándar político de gobierno de emergencia con máxima exigencia, y un compromiso de probidad que obliga a la denuncia inmediata de cualquier anomalía.
En este contexto, se creará una fuerza de tarea liderada por los subsecretarios del Interior, Hacienda y Segpres, con reporte directo al Presidente.
En materia económica, Kast firmó una instrucción para resolver los atrasos en la tramitación de permisos que mantienen bloqueados proyectos por más de USD 16.000 millones.
La medida afecta a 51 recursos de reclamación pendientes en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, correspondientes a proyectos que ya cuentan con su Resolución de Calificación Ambiental aprobada pero enfrentan retrasos administrativos.
Se establecieron plazos perentorios: los recursos vencidos deberán resolverse en un máximo de 90 días corridos, los nuevosrecursos ante la Dirección Ejecutiva del SEA en 30 días hábiles, y aquellos ante el Comité de Ministros en 60 días hábiles.
El desglose presenta 20 proyectos en la primera categoría por USD 6.500 millones y 22 en la segunda por USD 9.800 millones.
Otro decreto relevante encarga al Ministerio de Vivienda y Urbanismo la conducción directa de la reconstrucción en las regiones de Valparaíso, Ñuble y Bío Bío.
La norma fortalece el rol del Minvu al ponerlo al frente del comité de reconstrucción, con el objetivo de desburocratizar los subsidios y concentrar la gestión para maximizar velocidad y efectividad.
Las tareas encomendadas incluyen elaborar propuestas de planes y programas de reconstrucción habitacional y urbana, ejecutar directamente a través de la Subsecretaría de Vivienda, coordinar territorialmente con organismos del Estado y presentar informes trimestrales de avance al Presidente.
