La Presidencia de la República, a través del Consejo de Defensa del Estado, presentó un recurso ante la Corte de Apelaciones para revertir la orden del Consejo para la Transparencia (CPLT) que exige la entrega de correos electrónicos institucionales del jefe de gabinete Carlos Durán y del exjefe de asesores Miguel Crispi. Esta solicitud, realizada por el diputado Tomás Lagomarsino, busca aclarar las gestiones realizadas entre el 14 y el 18 de octubre de 2024 para reemplazar al exsubsecretario del Interior Manuel Monsalve.
El Ejecutivo argumentó que dichos entregar correos podrían afectar la seguridad nacional, invocando las causales de reserva establecidas en el artículo 21 de la Ley de Transparencia. A través del abogado Marcelo Chandía, la Presidencia sostiene que el fallo del CPLT fue “completa y manifiestamente ilegal”, ya que obligaría a revelar información sensible relacionada con inteligencia, relaciones internacionales y orden público, además de contradecir la normativa vigente sobre transparencia y confidencialidad de altos asesores presidenciales.
Desde el Congreso, el diputado Lagomarsino criticó la postura del Gobierno, acusando una doble vara en materia de transparencia. “El Frente Amplio fue muy crítico de la no entrega de correos durante la pandemia y ahora están haciendo exactamente lo mismo”, expresó. El parlamentario recordó que su solicitud es acotada a un período de solo cinco días y que insistirá en obtener la información para confirmar si efectivamente hubo gestiones para reemplazar a Monsalve, tal como afirmaron personeros del Gobierno ante la Comisión Investigadora.
