El informe de la Contraloría General de la República que reveló que más de 25 mil funcionarios públicos viajaron al extranjero con licencias médicas vigentes entre 2023 y 2024, produjo una inmediata reacción de los poderes del Estado. El Congreso Nacional, el Poder Judicial y el Ministerio Público anunciaron investigaciones internas para esclarecer posibles irregularidades en sus respectivas instituciones. Al ser entes autónomos, la Contraloría no puede fiscalizarlos directamente, pero sus autoridades aseguraron que actuarán con firmeza.
Durante la tarde de este lunes, la Comisión de Salud del Senado recibirá a la ministra Ximena Aguilera y a la contralora Dorothy Pérez para conocer las medidas que adoptarán sus organismos. A nivel gubernamental, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, informó que ya se iniciaron sumarios administrativos y que se realizará un seguimiento en 30 días. Además, cifró el perjuicio fiscal en cerca de 300 millones de dólares solo en 2024, debido al uso excesivo de licencias médicas y sus costos asociados.
Desde el Congreso, tanto el presidente del Senado, Manuel José Ossandón (RN), como el de la Cámara de Diputados, José Miguel Castro, aseguraron que se aplicarán todas las sanciones legales en caso de comprobarse responsabilidades. En paralelo, la Corte Suprema instruyó una investigación interna encabezada por el fiscal judicial Jorge Pizarro, que abarcará los últimos cinco años. Parlamentarios como Iván Flores (DC) y Juan Luis Castro (PS) apuntaron a la debilidad de la Compin y la falta de acción estatal como causas estructurales de lo que ya califican como una “costumbre”.
