La Corte Suprema aceptó un recurso de amparo presentado por la defensa de Alejandro Angulo, uno de los condenados por el homicidio de Daniel Zamudio en 2012, y ordenó a Gendarmería evaluar nuevamente su acceso a la reducción de condena. Angulo, recluido en la cárcel Colina Uno, cumple una pena de 15 años de presidio y podría rebajar hasta 26 meses de su condena, de acuerdo con el estatuto legal vigente al momento de los hechos.
El máximo tribunal, por cuatro votos contra uno, determinó que tanto el delito como el cumplimiento de la pena ocurrieron antes de la promulgación de la Ley 21.421 de 2022, por lo que corresponde aplicar la normativa anterior. Según el fallo, la exclusión del recluso de la Comisión de Reducción de Condena constituye una vulneración de su libertad personal, revocando así la resolución previa de la Corte de Apelaciones de Santiago que había rechazado la solicitud.
La defensa, encabezada por el abogado Ricardo Bravo, valoró la decisión, calificándola de “correcta y ejemplar” al reforzar el rol del Poder Judicial en el control de actuaciones administrativas que afectan derechos fundamentales de personas privadas de libertad. El caso sienta un precedente en la supervisión judicial sobre la administración penitenciaria y reabre el debate sobre la aplicación retroactiva de leyes más restrictivas en materia de beneficios carcelarios.
