El hallazgo de drogas en una base militar en Colchane desató un terremoto político que ahora golpea directamente a La Moneda. Aunque la ministra de Defensa, Adriana Delpiano, anunció nuevas de control en cuarteles del norte, incluida la realización de pruebas de drogas, la oposición disparó de inmediato exigiendo coherencia y transparencia: quieren que el Presidente Gabriel Boric, sus ministros, subsecretarios e incluso seremis se sometan también a exámenes de pelo, mucho más exhaustivos que los de orina aplicados hasta ahora, cuyo alcance se limita a detectar consumo en solo 72 horas.
Desde la UDI, el secretario general Juan Antonio Coloma y el jefe de bancada Henry Leal insistieron en que el Gobierno ha puesto trabas a la fiscalización interna, declarando confidenciales los exámenes practicados y eligiendo métodos menos precisos. “Si el crimen organizado ve que las autoridades ponen tantas trabajos para cumplir con esta obligación, por supuesto que se van a interesar en permear nuestras instituciones”, advirtieron, mientras el diputado RN Miguel Mellado emplazó directamente al Ejecutivo a dar el ejemplo y someter a todo su gabinete y funcionarios a pruebas capilares, cuyos resultados sean públicos.
Incluso desde Amarillos y Republicanos surgieron críticas, acusando al Gobierno de “efectismo” más que de medidas reales para frenar el narcotráfico, y cuestionando que no se contemplen recursos adicionales para reforzar la seguridad interna de las Fuerzas Armadas. En paralelo, el Frente Amplio busca legislar para que los test sean obligatorios cada año para todas las policías y militares, aunque la presión crece para que La Moneda deje de mirar hacia afuera y comience a limpiar su propia casa.
