La investigación por el caso ProCultura, que involucra convenios millonarios entre fundaciones y entidades públicas, vuelve a sacudir al Gobierno, justo cuando la Fiscalía y el Consejo de Defensa del Estado (CDE) han programado una reunión clave para coordinar la inminente ampliación de la querella. Lejos de estar paralizada tras la salida del fiscal regional Patricio Cooper, la causa ha seguido su curso bajo la dirección del fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios, quien ha despachado nuevas diligencias a la Policía de Investigaciones (PDI), centradas en la cúpula de la fundación y los cuestionados contratos con el Gobierno Regional de Antofagasta.
Durante los primeros días de julio, Castro y el fiscal Eduardo Ríos retomaron la toma de declaraciones, citando a cuatro personas vinculadas al caso en dependencias de la Fiscalía Nacional. Paralelamente, se concretó la agenda de una cita estratégica entre la Fiscalía y el CDE para analizar nuevos antecedentes y definir el alcance de la querella, en un momento especialmente delicado para el Ejecutivo, pues los convenios investigados rozan la relación entre fundaciones y recursos públicos que han generado duros cuestionamientos políticos.
Fuentes ligadas a la investigación revelada que el próximo 17 de julio el Comité Penal del CDE discutirá incorporará más imputados a la acción legal, la que hasta ahora solo apuntaba a María Constanza Gómez, representante legal de ProCultura, por apropiación indebida. Esta vez, la mirada se ampliaría hacia directivos y jefes de proyectos de la fundación creada en 2010, elevando la presión sobre el Gobierno ante eventuales nuevas revelaciones que podrían profundizar el escándalo que ha golpeado su gestión.
