El papa Francisco estableció una nueva normativa que obliga a los religiosos a denunciar cualquier sospecha de abuso o agresión sexual, entre otras medidas.
Todas las diócesis deberán contar con un sistema de fácil acceso para el público para presentar informes, los cuales serán investigados en un plazo de 90 días. Lo que busca esta iniciativa, es que las víctimas que recurran a la iglesia sean bien recibidas y protegerlas de represalias.
En este sentido, los religiosos deben informar a la autoridad eclesiástica sobre todas las denuncias de abusos de las que tengan conocimiento, pero también de las omisiones y encubrimientos.
Esta normativa no solo incluye el acoso y violencia contra niños y adultos vulnerables, sino también la violencia sexual y acoso producto del abuso de autoridad.
También se incluyó el encubrimiento, que consiste en «acciones u omisiones destinadas a interferir o evadir investigaciones civiles o investigaciones canónicas, administrativas o penales, contra un clérigo o religioso en relación con los delitos» de abuso sexual.
Si bien estos casos se deben informar al superior religioso, esto no interfiere en la obligación de denunciar según las normas de cada país: “Se aplican sin perjuicio de los derechos y obligaciones establecidos en cualquier lugar por las leyes del Estado, en particular las relativas a las obligaciones de información a las autoridades civiles competentes».
Tanto aquellas personas que denuncian como las víctimas, no pueden ser objeto de“perjuicios, represalias o discriminación”. Además señala que no se puede obligar a que guarden silencio con respecto al contenido del informe. Por otro lado, el secreto confesional no se verá afectado y continuará siendo absoluto e inviolable.
«Para que estos casos, en todas sus formas, no ocurran más, es necesaria una conversión continua y profunda de los corazones, atestiguada por acciones concretas y eficaces que involucren a todos en la Iglesia», manifestó.
