La investigación por la desaparición de María Ercira Contreras, ocurrida en mayo de 2024 en Limache, sumó un nuevo y relevante antecedente: dos funcionarios de la PDI fueron imputados por presunta obstrucción a la justicia, junto a la dueña del Fundo Las Tórtolas, lugar donde se le perdió el rastro a la mujer tras asistir a un restaurante junto a su familia.
Según antecedentes conocidos de manera exclusiva, la Fiscalía indaga eventuales irregularidades en la cadena de custodia de las cámaras de seguridad del recinto. En ese contexto, los dos policías fueron citados a declarar en calidad de imputados, instancia en la que se acogieron a su derecho a guardar silencio, mientras que también fue imputada la propietaria del fundo, Mónica Kleinert.
Testimonios recabados durante la investigación apuntan a fallas críticas en la entrega y resguardo de los registros audiovisuales, incluyendo grabaciones incompletas y sin respaldo adecuado. Desde la Fiscalía Regional de Valparaíso señalaron que se han realizado todas las diligencias pertinentes, mientras que la familia de María Ercira insiste en que contar con la totalidad de las grabaciones podría ser clave para esclarecer qué ocurrió con la adulta mayor, a más de 20 meses de su desaparición.
