Un informe de la Contraloría General de la República reveló 164 casos, entre 2020 y agosto de 2025, de personas contratadas en servicios públicos que se encontraban legalmente inhabilitadas para trabajar con menores de edad. El Consolidado de Información Circularizada (CIC) evidenció incumplimientos a los artículos 39 bis y 39 ter del Código Penal, que obligan a verificar antecedentes antes de cualquier contratación.
De acuerdo con el reporte, en los últimos cinco años 72 entidades públicas mantuvieron contratadas a personas con inhabilitación vigente, concentrándose la mayoría de los casos en funciones vinculadas al ámbito escolar, como docentes, asistentes de la educación y personal auxiliar. Solo en 2025, 33 instituciones incumplieron la normativa, encabezando el listado las municipalidades, seguidas por Servicios Locales de Educación Pública, corporaciones municipales y algunos establecimientos de salud.
Frente a estos antecedentes, la Contraloría instruyó a las entidades involucradas a cumplir de inmediato la normativa, iniciar los procedimientos disciplinarios correspondientes y reportar las acciones adoptadas en un plazo máximo de cinco días hábiles. Además, se conocieron casos como el de Puerto Montt, donde el municipio confirmó la desvinculación de un profesor condenado por delito sexual tras un sumario administrativo.
