La jornada de este lunes, la ministra Vocera de Gobierno, Camila Vallejo, en el transcurso de un punto de prensa reconoció desprolijidades en el proceso de los indultos y señaló que el Presidente no tenía toda la información antes de otorgar el beneficio, haciendo hincapié en que «la situación hubiese sido distinta» en algunos de los 13 indultados.
Además, aclaró que no está abierta la posibilidad de revocar dichos beneficios.
Al momento de referirse a la situación, la secretaria de Estado señaló que «el Presidente detectó que hubo desprolijidades en la ejecución», haciendo hincapié que para otorgar este beneficio, se fijaron dos criterios de carácter político, siendo el segundo de estos el que desató la polémica.
La ministra Vallejo especificó que ese segundo criterio se establecía que «en la carpeta de aquellos que estuvieran bajo esa condición (la de pertenecer a personas privadas de libertad en el contexto del estallido social) se excluyeran a personas que tuvieran antecedentes complejos previo al estallido y, efectivamente, ese segundo criterio fue el que no se cumplió. Fruto de una serie de desprolijidades de las cuales se asumieron las responsabilidades políticas en el Ministerio de Justicia y también respecto en la jefatura de gabinete del propio Presidente».
Eso sí, la portavoz del Gobierno defendió el carácter legal en el que se otorgó este beneficio. «Esto no dice nada de relación del componente jurídico-legal de los indultos y eso es sumamente importante de señalar. Una cosa es el incumplimiento de este segundo criterio político que fijó el presidente y otra cosa es la legalidad de los decretos. Eso no está en cuestión, los decretos están bajo la ley (…) por lo tanto, no tiene ningún vicio legal».
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