A través de un comunicado de prensa, desde el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos se refirieron a una investigación de prensa que reveló que una de las personas inscritas en el Informe Rettig, estaría viva y viviendo en Argentina.
En específico, fue un reportaje de Chilevisión y del sitio Reportea, que abordó el caso de Bernarda Vera, una chilena que fue contabilizada en la lista oficial de detenidos desaparecidos del régimen del dictador Augusto Pinochet. Sobre eso, desde el gobierno indicaron -entre otras cosas- que se trata de una “excepción”.
“El caso ha sido objeto de una larga y rigurosa investigación administrativa por parte del Programa de Derechos Humanos, en su calidad de órgano ejecutor del Plan Nacional de Búsqueda, desde inicios del año 2024. Esta investigación comienza a propósito del trabajo de elaboración de trayectorias de víctimas del llamado “episodio Liquiñe”, a raíz del cual se detectan incongruencias en los relatos de algunos testimonios”, indicaron.
Agregando que, ante esas incongruencias, “desde el Programa se remitieron comunicaciones oficiales a distintas instituciones (PDI, Servicio de Registro Civil, Ministerio de Relaciones Exteriores, ACNUR) entre el 6 de mayo de 2024 y el 9 de agosto de 2024, para poder recabar antecedentes. Ninguno de estos oficios entregó información relacionada a la víctima”.
Posteriormente, indican desde la cartera liderada por el ministro Jaime Gajardo, en abril de 2025 se solicitó nuevamente información a Cancillería. Ya en mayo, se recibió por primera vez información documental concreta del caso, “aportada por el Estado sueco”.
“Si bien la información recibida no es concluyente para conectar la identidad de la persona consignada en ellos como “Bernarda Vera” con la de la víctima calificada por la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, por carecer de trazabilidad documental o datos biométricos que permitieran concluir una individualización de la persona, el peso de esta nueva información llevó a las autoridades ministeriales a instruir en mayo de 2025 remitir dichos antecedentes nuevos al Sr. Ministro en Visita Extraordinaria para causas de lesa humanidad entre 1973 y 1990 con competencia en la causa, don Álvaro Mesa Latorre, ministro de la Corte de Apelaciones de Temuco, que abrió un cuaderno reservado para ahondar en dicha búsqueda”, detallaron.
Igualmente, se enviaron los antecedentes al tribunal y se actualizó la información a la familia en enero. “Y se informó, en forma reservada, en mayo al Comité de Seguimiento y Participación del Plan Nacional de Búsqueda de la investigación en curso y su remisión a la instancia judicial correspondiente”, se lee en el documento.
Acto seguido, se aseguró desde el Ejecutivo, “casos como estos, donde puedan existir dudas sobre los hechos ya consignados por el Estado en instancias judiciales o administrativas previas, constituyen una excepción dentro del universo total de 1.469 personas calificadas como víctimas de desaparición forzada”.
“Es justamente el trabajo de revisión de trayectorias que se encuentra en curso el que ha permitido relevar casos como el de Bernarda Rosalba Vera Contardo, o como el caso del joven Luis Alberto Pino Soto, adolescente de 14 años de la ciudad de Arica que, si bien fue calificado por la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, no quedó en los registros de víctimas por un error de transcripción en los listados de la comisión. Ambos casos han sido puestos en conocimiento de los tribunales de justicia para que estos puedan determinar una verdad judicial y ordenar las correcciones necesarias”, complementaron.
Asimismo, en la declaración del Ministerio agregan que toda la información -junto con la cronología- fue entregada por la Subsecretaría de Derechos Humanos al equipo de prensa del medio antes mencionado.
“El trabajo realizado por equipo del Plan Nacional de Búsqueda ha permitido reunir y analizar el mérito de información que pudiera ser comprobable y veraz para ponerla en conocimiento de los tribunales competentes. Este proceso de más de un año de trabajo ha sido impulsado con el resguardo de la identidad de las personas que forman parte de investigaciones en curso que aún no estén cerradas y cuidando su intimidad del juicio público que pueda basarse en información incompleta”, indican.
A la vez, destacaron desde el gobierno que hoy el Estado “cuenta con canales para la entrega de nuevos antecedentes, los que están disponibles en la información de contacto del sitio web [plannacionaldebusqueda.cl], así como en todas las SEREMIs de Justicia y Derechos Humanos a nivel nacional.
“Previo al establecimiento del Plan Nacional de Búsqueda había 14 causas que contaban con cuadernos administrativos de la búsqueda de detenidos desaparecidos, llevados a cabo por las y los ministros en Visita Extraordinaria de los tribunales de justicia, para causas de crímenes de lesa humanidad entre 1973 y 1990. Desde el establecimiento del Plan Nacional de Búsqueda y, hasta la fecha, dicho número ha aumentado a 59 causas que cuentan con dichos cuadernos ya sea abiertos en el contexto de nuevas querellas y denuncias o al alero de una causa penal principal. El Programa de Derechos Humanos ha presentado 8 nuevas querellas criminales, se han realizado más de 100 diligencias en terreno, y todo el trabajo de investigación continuará con el mismo rigor y responsabilidad que ha caracterizado este proceso”, cierran.
