La Inmobiliaria San Antonio S.A, que representa a los dueños del terreno donde se emplaza la megatoma de San Antonio, calificó de “muy vergonzosa” la respuesta del Ejecutivo ante el inminente desalojo.
Recordemos que, tras no llegar a un acuerdo para la compra del terreno ubicado en el cerro Centinela, los propietarios activaron -nuevamente- la solicitud de desalojo, que afectaría a cerca de 4 mil familias.Diego Pereira, abogado de los propietarios, confirmó el ingreso del escrito a la Corte de Apelaciones; el que tendría por objeto apurar el actuar de las autoridades y fijar una fecha para el operativo.
“El día jueves 11 de septiembre presentamos un escrito ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso, con el objeto de hacer presente que los últimos seis meses de conversaciones con el Ministerio de la Vivienda fueron infructuosos y, por lo tanto, solicitamos en ese escrito que se reactivase la orden de desalojo emitida por dicha Corte y ratificada por la excelentísima Corte Suprema”, apuntó.
“Como parte de este proceso, la Corte solicitó a las autoridades que estas evacuaran sus informes sobre cómo se han preparado para iniciar este proceso de desalojo. Estos informes ya están en manos de la Corte y estamos esperando que se dicte el cúmplase en los próximos días y se fije una fecha para el desalojo en asunto“, agregó.
Tras ello, el jurista acusó que “la respuesta del Ministerio del Interior, así como de los otros ministerios involucrados, la verdad es que es lamentable, es muy vergonzosa. Esto porque el Gobierno ha tenido un año y medio desde que se ratificó el fallo por la excelentísima Corte Suprema de Justicia para preparar las condiciones para este desalojo”.
“En nuestra opinión, esto constituye una muestra evidente de la indefensión en que se encuentra un privado ante el Estado. No estamos pidiendo ni más ni menos que se nos devuelva un terreno usurpado que lleva en dicha condición más de seis años a la fecha y contando“, subrayó.
Recordemos que, tras confirmarse el ingreso de la solicitud de desalojo, el ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, pidió a los propietarios buscar “hasta el último momento” una solución para evitarlo.
“Un desalojo de 10 mil personas, de 4 mil familias, es una situación muy dura, muy difícil, y tenemos que agotar las posibilidades de encontrar una solución”, enfatizó.
