A pocos días del inicio del gobierno del presidente electo José Antonio Kast, cuya campaña tuvo como una de sus promesas más reiteradas la expulsión de migrantes en situación irregular, el futuro director del Servicio Nacional de Migraciones, Frank Sauerbaum, advirtió que el Estado enfrenta un escenario complejo para cumplir ese objetivo.
Según detalló, actualmente existen más de 37 mil expulsiones ya decretadas que no han sido ejecutadas, otras 85 mil en distintas etapas de tramitación y más de 120 mil solicitudes de nacionalización aún pendientes de resolución, lo que configura un total superior a 240 mil procesos migratorios acumulados.
La situación plantea un desafío administrativo, presupuestario y diplomático para la nueva administración, que deberá implementar sus compromisos en materia migratoria en un sistema con alta carga de trabajo y limitaciones operativas.
Sauerbaum explicó que ejecutar las órdenes de expulsión implica costos significativos para el Estado. “Echar a una persona del país cuesta cerca de tres millones de pesos. Expulsar a 37 mil tiene un costo elevadísimo, por lo que el Congreso tendrá que aprobar mayores recursos”, señaló.
El futuro jefe del organismo aseguró que el equipo entrante trabaja en distintas iniciativas para enfrentar la situación, aunque advirtió que avanzar requerirá coordinación institucional y apoyo político. “Estamos evaluando distintas medidas, pero para poder avanzar se necesita voluntad de varios actores”, indicó.
Nacionalizaciones pendientes
Otro de los puntos que preocupa a la futura administración es el alto número de solicitudes de nacionalización acumuladas. De acuerdo con Sauerbaum, más de 120 mil trámites se encuentran en proceso, de los cuales cerca de 23 mil ya estarían listos para firma.
El director designado calificó esta situación como “extraña” al cierre del gobierno del presidente Gabriel Boric.
“Nos extraña que nos dejen 23 mil trámites listos para firma. Vamos a tener que estudiar en detalle esa situación”, afirmó en entrevista con Radio Agricultura. Según agregó, existe la sospecha de que la administración saliente habría evitado firmar esas resoluciones para no quedar registrada como el gobierno que más nacionalizaciones otorgó en la historia del país.
Presión por cumplir promesas
El escenario se produce en medio de la presión política que enfrenta el nuevo gobierno para cumplir sus compromisos de campaña en materia migratoria. Durante el proceso electoral, Kast anunció medidas más estrictas frente a la migración irregular e incluso llamó públicamente a quienes se encontraban en esa condición a abandonar el país.
“Que tomen sus bienes, vendan sus enseres, tengan dinero en efectivo y váyanse. Si no lo hacen, y los detenemos, se van con lo puesto. Y si insisten en quedarse, nunca más podrán ingresar a Chile”, señaló el entonces candidato al presentar su plan “Rescate Capital”.
Con el cambio de administración en marcha, el desafío ahora será traducir esas promesas en medidas concretas dentro de un sistema migratorio que, según las cifras conocidas, arrastra una acumulación histórica de trámites y decisiones pendientes.
