El Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) se transformó en la última carta de la oposición para buscar la destitución del gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, luego de que la Corte de Apelaciones de Santiago rechazara de forma unánime su desafuero en el marco del caso ProCultura. La decisión judicial significó un revés para el Ministerio Público y dejó a la autoridad regional más cerca de un eventual sobreseimiento en la arista penal.
La investigación de la Fiscalía apuntó a traspasos por $1.686 millones desde el Gobierno Regional Metropolitano hacia la fundación ProCultura en 2022, encabezada por el psiquiatra Alberto Larraín. En paralelo, consejeros regionales de la UDI y el Partido Republicano ingresaron en julio un requerimiento ante el Tricel, respaldado por 16 cores, acusando a Orrego de notable abandono de deberes y faltas a la probidad, basándose en informes de la Contraloría que detectaron presuntas irregularidades administrativas, entre ellas la contratación de un servicio de coaching por trato directo.
Actualmente, la causa se encuentra a la espera de alegatos ante los ministros del Tricel, lo que podría concretarse en marzo debido a la carga del tribunal. La defensa del gobernador, encabezada por el abogado Ciro Colombara, ya contestó la demanda y presentó recursos respecto de algunas pruebas. Desde la oposición reconocen que el rechazo del desafuero añade presión al proceso, aunque aseguran mantener confianza en que el tribunal electoral pueda acoger la solicitud de cesación del cargo.
