El enfrentamiento entre dos magistradas de Chillán sigue escalando. Claudia Montero, quien en abril de 2024 recibió un sueldo reducido a solo $10 mil tras un embargo ordenado por su colega Milena Aedo, decidió contraatacar interponiendo una querella por prevaricación. Según la denuncia, el embargo del 99,8% de sus remuneraciones fue arbitrario e ilegal, vulnerando derechos fundamentales como la vida digna y la protección de las remuneraciones.
La raíz del conflicto se encuentra en una deuda de $45 millones que Montero contrajo con Aedo hace una década y que no fue saldada. A pesar de que la Corte de Apelaciones ordenó el pago, el embargo total dictado por Aedo incluyó componentes salariales que, según el Código Civil y del Trabajo, son inembargables por su carácter alimenticio. En septiembre de 2024, la Corte Suprema revocó la medida, calificándola de “arbitraria e ilegal”, y redujo la retención al 50% del salario, además de exigir la devolución de los montos retenidos en exceso, algo que Montero asegura no se ha cumplido.
En la querella, Montero acusa a Aedo de actuar “contra legem” y de contradicciones en sus argumentos ante la Corte Suprema. Ahora, el caso avanza con la citación de Aedo a declarar y una orden de investigación a la Policía de Investigaciones, mientras el conflicto entre ambas magistradas pone en la palestra la tensión en el Poder Judicial chileno.
