La Corte de Apelaciones de Santiago resolvió aplicar una sanción menor a la jueza Irene Rodríguez, consistente en una censura por escrito, tras el sumario administrativo iniciado por la errónea liberación de un sicario vinculado al crimen del empresario José Felipe Reyes, conocido como el “Rey de Meiggs”. Si bien la fiscal judicial había propuesto una suspensión de un mes, el pleno del tribunal optó por rebajar el castigo.
El caso se remonta a julio de 2025, cuando el imputado —entonces identificado como Osmar Ferrer— quedó en prisión preventiva, pero una secuencia de resoluciones judiciales con errores en su identificación permitió que Gendarmería ejecutara una orden de libertad que debía tener solo un carácter instrumental. Esto facilitó la fuga del sujeto, hoy identificado como Alberto Carlos Mejía, quien fue detenido posteriormente en Colombia y espera su extradición a Chile.
Durante el sumario, se estableció que la jueza firmó una resolución de libertad sin leer su contenido, lo que constituyó una infracción a sus deberes funcionarios. Por esta razón, tanto Rodríguez como una funcionaria involucrada fueron sancionadas con censura por escrito. En paralelo, la Corte cuestionó los protocolos de Gendarmería y dejó abierta la posibilidad de que la sanción sea apelada ante la Corte Suprema, mientras sigue en curso una investigación penal por los mismos hechos.
