Más de 30 mil pacientes se ven afectados por la suspensión indefinida de la Ley Ricarte Soto, que garantiza el financiamiento de tratamientos de alto costo, luego de que no se entregara el informe presupuestario obligatorio por parte de la Dirección de Presupuestos (Dipres). La paralización rige desde el 23 de diciembre y ha detenido la evaluación de al menos 39 tratamientos que ya habían sido admitidos al sistema.
La falta de este informe, que no cuenta con plazos ni un cronograma público para su entrega, ha generado preocupación entre pacientes y organizaciones, quienes advierten un quiebre en la continuidad de sus terapias. La situación fue revelada por Radio Bío Bío y confirmada por fuentes parlamentarias, que califican el escenario como una grave incertidumbre para miles de familias.
Ante este escenario, el senador Juan Luis Castro, integrante de la Comisión de Salud, presentó un requerimiento formal ante la Contraloría General de la República para que se revise la legalidad de la suspensión. El parlamentario solicitó además que se oficie al Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud, con el fin de reactivar el proceso y restablecer una política pública permanente que hoy mantiene a miles de pacientes en vilo.
