Suspendidos de sus funciones, pero sin ser desvinculados, están los funcionarios vinculados con el brutal caso de torturas y vejámenes que sufrió un extrabajador con Trastorno del Espectro Autista (TEA) en el Hospital de Osorno, en la región de Los Lagos.
Por su parte, la Fiscalía abrió una investigación de oficio por tratos crueles y degradantes.Estos hechos se registraron entre 2018 y 2020, pero recientemente salieron a la luz con videos que demuestran el actuar cruel y en grupo de funcionarios del recinto médico.
Ante esta situación, desde el Servicio de Salud Osorno confirmaron que los funcionarios que aparecen en los registros están separados de sus funciones, pero no han sido desvinculados debido al sumario que está en curso y del cual ya fueron notificados.
De acuerdo con la información recabada por Radio Bío Bío, algunos están con licencia médica.
En esta jornada también se conoció que este acoso laboral ocurrió en una casa que es arrendada por el hospital y que se utiliza para las áreas administrativas.
Pese a la gravedad de los hechos denunciados, el primer sumario que la Dirección del Hospital realizó no arrojó sanciones administrativas.Al respecto, el director (s) del Servicio de Salud Osorno, Héctor Alarcón, informó que en 2021 el afectado hizo una denuncia ante la Policía de Investigaciones, la cual fue resuelta con una suspensión condicional del procedimiento por parte de la Fiscalía. Esto fue en tribunales, el 22 de marzo de 2023.
Junto con eso, confirmó que el funcionario víctima de las torturas dejó el hospital el 2 de julio de 2020.
El servicio resolvió la reapertura del sumario que se había cerrado en 2020 sin sanciones. Decisión que Alarcón atribuyó a “administraciones pasadas, distintas a la actual, las que cerraron el proceso con un sobreseimiento”.
“En agosto de 2024, habiendo antecedentes nuevos, como el video que circula públicamente, se instruyó reabrir el sumario, con la complejidad que implica el tiempo transcurrido y la ausencia de la víctima… Se logró establecer la existencia de los hechos y se determinó la sanción que fue notificada a los cuatro funcionarios en cuestión. Esto está en su etapa de apelación y posteriormente debe ir a la toma de razón de Contraloría para poder hacerla efectiva”, enfatizó.
De igual forma, recalcó que el sumario se encuentra en su etapa final y que los funcionarios acusados cuentan con un plazo legal para realizar sus descargos.
Gremios de salud han protagonizado una serie de manifestaciones tras lo ocurrido, donde piden la renuncia del director del Hospital Base San José y del director del Servicio de Salud Osorno.
Por su parte, la fiscal jefe de Osorno, María Angélica de Miguel, informó que se abrió una investigación de oficio tras tomar conocimiento de los videos difundidos a través de redes sociales y que dan cuenta “de hechos constitutivos de delito”.
Es así que se entregó la orden de investigar a la PDI para que realice diversas diligencias para esclarecer los hechos y determinar los responsables. Dentro de esas labores, anunció la persecutora, se tomará contacto con la víctima para brindarle toda la contención necesaria.