El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos solicitó al Consejo de Defensa del Estado (CDE) la disolución de la Fundación Procultura, tras un proceso de fiscalización que detectó posibles irregularidades en el manejo de fondos públicos. Según informó la cartera mediante un comunicado, la fundación habría destinado recursos y esfuerzos a actividades ajenas a su objeto social y presentado gastos en personal y honorarios considerados desproporcionados.
La decisión se adoptó luego de múltiples requerimientos de información dirigidos a la fundación, los cuales, de acuerdo al Ministerio, recibieron respuestas nulas, incompletas o insuficientes. El Gobierno concluyó que Procultura ha infringido gravemente sus estatutos, lo que motivó la solicitud para que el CDE interponga una acción judicial que ponga fin a la personalidad jurídica de la entidad, constituida legalmente en 2010 mediante Decreto de Justicia N° 3.031.
La Fundación Procultura ha estado en el centro de la polémica en los últimos meses, vinculada a eventuales irregularidades en la administración de fondos públicos y a cuestionamientos por la participación de sus integrantes en redes políticas. Mientras tanto, la solicitud de disolución abre un nuevo capítulo en la investigación sobre fundaciones y uso de recursos fiscales, tema que ha tensionado el debate público y político en el país.
