El presidente José Antonio Kast anunció el envío de un proyecto de ley que busca ampliar la aplicación de test de drogas a autoridades públicas, incluyendo parlamentarios, dirigentes políticos y cargos de elección popular. La iniciativa fue presentada tras someterse voluntariamente a un examen capilar, con el objetivo de reforzar los estándares de probidad y transparencia en la función pública.
El mandatario explicó que este tipo de análisis, que puede detectar consumo en un período de hasta 90 días, tiene un costo superior a los $300.000, lo que evidencia la necesidad de asegurar financiamiento para su implementación. Además, planteó que los resultados deberían ser públicos, estableciendo un plazo máximo de 10 días para su difusión en los sitios oficiales de cada institución.
Junto con el proyecto, el Ejecutivo anunció modificaciones al decreto vigente que regula estos controles, incorporando el test capilar de manera estandarizada para altas autoridades. Desde el Gobierno hicieron un llamado a todas las fuerzas políticas a respaldar la iniciativa, subrayando que estas medidas buscan fortalecer la confianza ciudadana y asegurar que quienes ejercen cargos públicos estén alejados de cualquier vínculo con el narcotráfico.
