El ministro de Hacienda, Nicolás Grau, volvió a descartar este martes que la norma incluida en el protocolo de acuerdo firmado entre el Ejecutivo y la mesa de los funcionarios públicos constituya una “ley de amarre” de cara al próximo cambio de gobierno.
En conversación con el medio Radio Infinita, el secretario de Estado abordó el alcance de la indicación que regula la forma en que se pone término a la relación laboral de los funcionarios “a contrata”, reiterando que los cargos de confianza política deben dejar sus funciones junto con las autoridades.
Grau sostuvo que las personas que integran los gabinetes ministeriales no están amparadas por la norma cuestionada, ya que se trata de cargos vinculados directamente a la afinidad política.
“Las personas que están en los gabinetes, que entraron a los ministerios con su mérito, pero que están allí por razones de afinidad política, esas personas tienen que salir junto con los ministros y las ministras y los subsecretarios y las subsecretarias”, afirmó.
El ministro explicó que la indicación distingue de manera explícita entre cargos de confianza política y funcionarios de carrera, con el objetivo de que esta separación quede clara tanto ahora como a futuro.
El titular de Hacienda recalcó que el principal cambio que introduce la norma es la posibilidad de que un funcionario despedido pueda recurrir a la Contraloría si no está de acuerdo con las razones de su desvinculación.
“Revisar ese reclamo no significa que la Contraloría le tenga que dar la razón al trabajador”, precisó, subrayando que la intención es evitar arbitrariedades y exigir que las desvinculaciones estén debidamente fundamentadas.
Grau también descartó que la norma complique la contratación de nuevos funcionarios durante el próximo periodo presidencial de José Antonio Kast.
Según explicó, la regulación permitirá mayor certeza, ya que dejará establecido que los equipos de confianza deben salir al término de cada gobierno, facilitando así el ingreso de nuevos equipos en la siguiente administración.
“Antes esto se asumía como una buena práctica y en algunos casos se hacía y en otros no. Ahora lo estamos definiendo en la ley, lo que dará más certeza a la siguiente administración y a las que sigan”, concluyó.
