El gobierno de Javier Milei envió al congreso argentino una serie de proyectos para modificar leyes en torno a la propiedad privada de tierras en dicho país.
Uno de ellos tiene relación a levantar la prohibición de venta de tierras rurales, entre ellas incendiadas, la cual evita especulación inmobiliaria y que limitan la compra por parte de extranjeros.
Según la agencia EFE, una de las normativas que el Ejecutivo buscará reformar es la Ley de Manejo del Fuego, que desde su modificación en 2020 impide realizar emprendimientos inmobiliarios, actividades agropecuarias intensivas o modificaciones en el uso de tierras incendiadas.
Esta modificación se produce en el contexto de incendios forestales frecuentes, que cada verano azotan la Patagonia argentina y otras regiones del país y que afectaron, desde mediados del pasado diciembre, unas 64.000 hectáreas de tierra, según las estimaciones de la organización ambientalista Greenpeace.
El Gobierno también impulsará cambios en la norma conocida como ley de tierras rurales, que limita la compra de territorios por parte de extranjeros al 15% del total nacional, provincial o departamental y prohíbe la venta de zonas estratégicas con recursos hídricos o fronterizos.
Asimismo, la norma establece que ninguna nacionalidad específica puede superar el 30% del territorio permitido para la venta y que un mismo titular extranjero puede poseer un máximo de 1.000 hectáreas en la zona de mayor actividad agropecuaria del país.
“Inversiones como el petróleo, la minería o el agro requieren la compra de terrenos grandes para llevarse adelante. No podemos permitir que estas no se realicen por un mero capricho ideológico”, expresó en conferencia de prensa el jefe de Gabinete de Ministros, Manuel Adorni, y aseguró que “hoy los empresarios más importantes del mundo miran a la Argentina como una oportunidad histórica de inversión”.
Adorni anunció a su vez que el Ejecutivo intentará impulsar una modificación al régimen de expropiaciones, que limite a casos excepcionales la aplicación del concepto de ‘utilidad pública’ y que aumente la indemnización percibida por los expropiados.
“El Estado no puede definir de la noche a la mañana que lo tuyo es del Estado por un capricho del gobernante de turno”, argumentó Adorni.
Por último, el jefe de Gabinete reafirmó el compromiso del Gobierno de avanzar con la aprobación de la modificación de la ley de glaciares -que otorga a las provincias la potestad de permitir la actividad minera en las zonas periglaciales- en la Cámara de Diputados, tras la luz verde obtenida en el Senado el pasado febrero.
La iniciativa ha despertado el rechazo entre ciudadanos, organizaciones ambientalistas y diputados opositores, quienes solicitaron una audiencia pública que comenzó este miércoles y contará con la exposición de 400 personas -entre expertos, ambientalistas y ciudadanos de a pie-, mientras otras miles anticiparon que presentarán escritos y videos.
