El Gobierno, a través de los ministerios de Hacienda y del Trabajo, cerró un acuerdo con organizaciones sindicales del sector público para un reajuste salarial total de 3,4% nominal, el que se aplicará en dos tramos: 2% desde diciembre de 2025 y 1,4% a partir de junio de 2026. El pacto fue respaldado por 10 de las 16 organizaciones participantes y contempla también el reajuste de aguinaldos y bonos asociados, mientras que las remuneraciones mínimas se incrementarán en 5%.
Desde el Ejecutivo, el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, destacó el acuerdo como una señal del valor del diálogo social y de una forma de construir democracia junto a los actores organizados. Sin embargo, el reajuste equivale a un 0% de aumento real, dado que la inflación acumulada a noviembre alcanzó el mismo 3,4%, lo que generó cuestionamientos desde algunos sectores sindicales que aspiraban a un alza mayor.
La mayor controversia surgió por la inclusión de normas de estabilidad laboral que restringen la no renovación de contratas y amplían posibilidades de reclamo ante la Contraloría, además de regular cargos de confianza en gabinetes. Estas disposiciones fueron duramente criticadas por parlamentarios de oposición, quienes las calificaron como “normas de amarre” que exceden el objetivo de una ley de reajuste y que, a su juicio, buscan condicionar la gestión del próximo gobierno.
