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Gobierno aborda las investigaciones sobre corrupción en el caso Hermosilla

La ministra vocera del Gobierno, Camila Vallejo, se refirió a las conversaciones reveladas entre el exfiscal Manuel Guerra y el abogado imputado Luis Hermosilla, ocurridas durante el desarrollo del caso Penta.

Cabe recordar que el fiscal regional de Arica y Parinacota, Mario Carrera, encabeza la investigación penal contra Guerra, tras la divulgación de mensajes con Hermosilla, en los que mencionan casos como Penta y Dominga, entre otros.

Vallejo abordó el caso Hermosilla en tres dimensiones.

«Todos sabemos que este es el caso de corrupción más grande de la historia reciente de nuestro país. Estamos hablando de una profunda red de corrupción de cuello y corbata que ha intentado corromper, a través de conflictos de interés o tráfico de influencias, probablemente, a diversas instituciones del Estado», señaló la ministra.

En cuanto a la dimensión política, Vallejo indicó que «en este caso, hay varios nombres que resurgieron constantemente, como el del exfiscal Guerra, el abogado Luis Hermosilla y el exministro del Interior, Andrés Chadwick. Ellos deben rendir cuentas ante la ciudadanía y la justicia…».

Sobre el progreso de la investigación, la ministra afirmó que «la justicia está llevando a cabo una investigación exhaustiva que abarca diversas aristas. Por lo tanto, será la justicia la que determine si los posibles delitos revelados en estos chats se confirman, y las penas correspondientes…».

Vallejo subrayó que «se mencionan posibles delitos, como la entrega de información reservada entre un fiscal que no estaba a cargo de un caso y un abogado que no era parte del mismo, como ocurrió con el exalcalde Torrealba, entre otros».

Finalmente, Vallejo se refirió al aspecto legislativo: «El Gobierno ha tomado medidas al respecto. Como ha señalado el ministro Cordero, pronto presentaremos al Congreso la reforma al sistema de nombramientos, comprometida por el Ejecutivo, para abordar estos temas de fondo». Añadió que también se está trabajando en la agenda de probidad, particularmente en lo relativo a los delitos de conflictos de interés y tráfico de influencias.

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