Gendarmería de Chile acumula 159 libertades mal otorgadas en los últimos diez años, según registros institucionales. Solo en 2026 ya se contabilizan tres casos, mientras que los años con mayor número de excarcelaciones erróneas fueron 2016 y 2018, con 26 episodios cada uno. Aunque desde la institución aseguran que no se trata de un fenómeno nuevo, reconocen negligencias y errores administrativos tanto internos como provenientes de tribunales.
Las irregularidades recientes, incluyendo casos en Temuco y Copiapó, han generado fuertes cuestionamientos públicos y políticos. Incluso desde el Ejecutivo se solicitó investigar una eventual premeditación de funcionarios, en medio de tensiones por la reforma que traslada la institución al Ministerio de Seguridad. El subsecretario de Justicia pidió al Ministerio Público indagar posibles coordinaciones indebidas en la transgresión de deberes.
Frente a este escenario, la institución reforzó los protocolos e implementó un sistema obligatorio de “doble control” para concretar libertades, exigiendo la revisión exhaustiva de al menos dos funcionarios antes de ejecutar cualquier orden. Desde la subdirección operativa recalcaron que se han impartido instrucciones precisas para fortalecer los mecanismos de supervisión y coordinación con tribunales, con el objetivo de evitar nuevas liberaciones indebidas.
