El futuro director de Migraciones, Frank Sauerbaum, delineó este martes las prioridades que tendrá el servicio durante el gobierno del presidente José Antonio Kast. En entrevista con CNN Chile Radio, el exdiputado reconoció la magnitud del desafío y entregó cifras concretas sobre la situación actual: “Hoy tenemos en la carpeta 37 mil personas listas para ser expulsadas con los decretos firmados y más de 85 mil en proceso de expulsión”.
Sin embargo, admitió que el principal escollo es económico: “Para sacar a una persona de Chile se requieren 3 millones de pesos aproximadamente en un vuelo comercial y la ley de presupuesto no contempló esos recursos”.
Sauerbaum explicó que además de la construcción de la zanja en el norte, el gobierno impulsará cambios legales. “Presentamos un proyecto de ley hace un año y medio que declara el ingreso clandestino como un delito. Hoy entrar por paso no habilitado es una falta, no un delito”, señaló.
También anunció fiscalizaciones a empleadores que contraten personas en situación irregular: “Hoy hay un incentivo perverso: tener un trabajo con contrato y cotizaciones no tiene ninguna sanción”.
El futuro director detalló los obstáculos para concretar las 37 mil expulsiones ya decretadas. El primero es político: “Tenemos una situación con Venezuela que no nos permite mandar a las personas expulsadas, que son la mitad de los 37 mil”.
Sin embargo, se mostró optimista respecto a las gestiones diplomáticas: “Estamos planeando un primer grupo pequeño para la segunda semana de abril que iría a Colombia”. El segundo obstáculo es financiero: “El servicio en multas generó casi 6 mil millones de pesos el año pasado, pero también tenemos 4 mil millones sin cobrar. Tenemos que obtener recursos de distintas fuentes”.
Regularización y casos complejos
Sauerbaum aclaró que empadronamiento no es sinónimo de regularización y advirtió sobre la complejidad de cada situación: “De las 182 mil personas empadronadas, hay 6 mil que ya cometieron un delito”. También se refirió a casos donde el Estado falló: “Hay personas que entraron con permiso, se les venció la visa y llevan un año y medio esperando renovación.
Esa no es culpa de la persona, es culpa del Estado”. Anunció que el gobierno evaluará incentivos para la salida voluntaria, como la devolución de cotizaciones previsionales o la reducción de sanciones para quienes decidan irse en buenos términos.
