Ya están listos los detalles para iniciar la negociación del reajuste al sector público.
En este sentido, las 16 organizaciones reunidas en la Mesa del Sector público definieron que el reajuste real para las remuneraciones en el período diciembre 2025 a noviembre 2026 sea de un 2,0%.
Tal proceso de negociación entre los funcionarios y el Ejecutivo viene en un momento donde las tensiones apuntan a la propuesta de congelar los sueldos en los valores nominales al 2025, recomendación hecha por una Comisión asesora que entregó diversas medidas para contener el aumento del gasto público.
Sin embargo, los trabajadores han adelantado en varias ocasiones que no permitirán que el ahorro fiscal sea a costa de sus salarios.
Volviendo a la propuesta, el documento de la CUT al que tuvo acceso BBCL, señala que el reajuste sea para todos los funcionarios públicos, “indistintamente del marco laboral que los rige”, sea en el Gobierno Central o municipalidades, universidades, entre otros, incluyendo personal a honorarios de funciones regulares.
Otro punto es el pago de un bono mensual a quienes ganen un sueldo bruto menor a $798.015 por jornada completa. Este será de $63.502 en el caso de quienes perciban $705.768.
“En caso de que la remuneración bruta mensual sea superior a $705.768 e inferior a $798.015 el monto del bono será equivalente a la cantidad que resulte de restar al aporte máximo ($63.502) el valor afecto al bono (68,839% de la diferencia entre la remuneración bruta mensual y $705.768)”, se explica en la propuesta.
Quienes trabajen en jornada parcial, se les pagará un bono proporcional a su jornada.
ambién se exige que los sueldos mínimos que en el caso de los auxiliares será de $591.483. Para personal administrativo $658.265, y técnicos unos $700.241.
Otras peticiones en el pliego apuntan a que se traspasen a normas permanentes los articulados que rigen beneficios permanentes; que se ratifiquen y eleven al rango de reglamentos los oficios circulares de Hacienda sobre la renovación de contratas y que el Gobierno informe sobre la regularización de honorarios.
En el amplio texto las organizaciones también reiteraron “su rechazo al Proyecto de Ley que modifica el Subsidio de Incapacidad Laboral (SIL) y ratifican su exigencia al gobierno para retirarlo del Congreso Nacional” e instando a un diálogo con las organizaciones, entre varias otras peticiones como la ampliación del derecho a Sala Cuna para “todos los funcionarios públicos centralizados y descentralizados”.
