Un recurso de protección interpusieron los 10 funcionarios de la Fuerza Aérea de Chile (FACh) que terminaron sancionados por negarse a abordar un avión Hércules que presentaba fallas técnicas.
Según se lee en el escrito, también les bajaron sus “notas sin justificación” y agregaron sus nombres a la lista anual de retiros que se hará efectiva este 30 de septiembre.
El documento que ingresó a la Corte de Apelaciones de San Miguel —y al que accedió BBCL Investiga— detalla que los aviadores fueron “sancionados de manera injusta” tras alertar el riesgo de volar hasta la Antártica.Todas estas medidas, según el recurso, son “ilegales y arbitrarias”.
De partida, porque fueron castigados tres veces por un mismo hecho. Segundo, porque se creó “una comisión especial” que no se ajusta a la ley y a sus protocolos internos.
Y por último, porque se les ocultó información referente a los procesos disciplinarios.
La misiva apunta directamente contra Andrés Leiva Divasto, comandante del Comando de Personal de la Fuerza Aérea de Chile.
Las 20 páginas exponen que fue él quien decidió desvincular a los 10 funcionarios “sin las correspondientes y debidas garantías. Además de haber infringido “la normativa nacional de carácter constitucional y legal, así como la internacional de protección de los derechos humanos”.
Esto, porque fue una “junta secreta” la que tomó la decisión de expulsarlos de la institución.
Y hasta la fecha los propios miembros no saben quiénes la integraron.
Todo esto partió el 15 de diciembre de 2024 en la operación Glaciar Unión.
Un artículo previo de BBCL Investiga expuso que técnicos y pilotos presentaron informes ante sus superiores para restarse de la Campaña Polar Científica.
La razón era simple, el avión C-130 presentaba discrepancias en sus indicadores de combustible.
Un desperfecto que ya había presentado el siniestrado Hércules que cayó en 2019 mientras volaba al continente blanco.
Así las cosas, estos 10 funcionarios se negaron a abordar.
Entre ellos estaba un sargento segundo que acumulaba más de 22 años de servicio.
También un cabo con 16 años de experiencia que fue destinado a la Brigada Aérea como mecánico de estructura de aeronaves.
Igualmente mujeres expertas en mantenimiento y sistemas operativos de estas mismas.
Así las cosas, el recurso expone que una vez que entregaron los informes con las fallas del avión, el oficial a cargo decidió que igualmente tendrían que volar.
No lo hicieron y fueron sancionados. No obstante, se mantuvieron en “servicio activo”.
El 3 de julio de este año la situación cambió. Una “junta especial” calificadora, presidida por el comandante Andrés Leiva, decidió bajarles las notas a los 10 miembros, acusan.
No sólo eso, también los expulsaron. “De esta manera, con fecha 17 de julio de 2025, una junta secreta y desconocida resolvió mantener la decisión de incluirlos en lista de retiros, sin expresar fundamento ni explicación alguna”, exhibe el recurso.
De lo que ocurrió ese día poco se sabe. Ni siquiera los funcionarios ni su abogado, Rafael Harvey, saben cómo se llegó a esa decisión.
Para pedir detalles de lo ocurrido enviaron una seguidilla de correos y solicitudes por Transparencia. Ninguno ha sido respondido.
También pidieron audiencias con las autoridades de la FACh, las que fueron denegadas.
“Finalmente, con fecha 05 DE AGOSTO de 2025, en una comunicación aún más grosera que las anteriores, se les respondió a mis representados que una nueva junta secreta, desconocida, resolvió mantener la inclusión en la lista de retiros, nuevamente sin fundamento ni explicación alguna”, alegan.
Todas estas acciones, a juicio de los denunciantes, son ilegales y arbitrarias.
Principalmente porque no se dio a conocer la identidad de quienes integraron la “junta secreta”.
Tampoco se ha dicho si su expulsión fue por mayoría o unanimidad.
Ahora, lo que buscan con este recurso es que se deje sin efecto las 10 resoluciones y el retiro que deberá hacerse efectivo este 30 de septiembre.
