El país sigue en shock tras revelarse que más de 25 mil funcionarios públicos viajaron fuera de Chile mientras estaban con licencia médica. El escándalo destapado por la Contraloría ha desatado una tormenta política y social, obligando a renunciar y encendiendo el debate sobre cómo recuperar los recursos mal utilizados. Desde retener devoluciones de impuestos hasta obligarlos a trabajar horas extras sin pago adicional, las propuestas para reintegrar los fondos abundan en el Congreso.
Figuras como José Antonio Kast y Ximena Rincón plantean sanciones duras: que no recibirán devolución de impuestos y que se les prohíba ocupar cargos públicos. Mientras tanto, los parlamentarios de las comisiones de Salud proponen anular retroactivamente las licencias, activar juicios de cuenta desde la Contraloría y permitir que el Consejo de Defensa del Estado actúe con celeridad para recuperar el dinero. Incluso se ha planteado que quienes defraudaron trabajaron “como cualquier obrero” para compensar al Estado.
A pesar del amplio abanico de ideas, algunos expertos advierten que la restitución masiva podría ser inviable. La economista Cecilia Céspedes apunta que lo conocido es solo “la punta del iceberg” y que revisar millones de licencias podría ser impracticable. No obstante, el consenso político es claro: el fraude no puede quedar impune, y los recursos públicos deben volver a donde pertenecen.
