Una denuncia por violación a los derechos humanos fue presentada este lunes ante la ONU por los familiares de alrededor de 65 fallecidos en el mortífero megaincendio de Valparaíso.
La acción apunta al Estado por negligencias ocurridas durante la tragedia, y la falta de acción posterior, y busca que la organización internacional pida explicaciones al Gobierno, recomiende medidas de reparación y monitoree el cumplimiento de estas.
Una “violación de derechos humanos (…) que el Estado de Chile pretende relegar al olvido”.
Así se refirió el abogado Felipe Olea a la denuncia que presentó ante la oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU en representación de los familiares de alrededor de 65 fallecidos del megaincendio de Valparaíso.
La denuncia busca que se nombre a un veedor internacional para que revise las distintas vulneraciones que se podrían haber generado a los derechos humanos durante y después de la catástrofe de febrero de 2024, teniendo la ONU un plazo de 30 días para realizar el nombramiento.
Así, se espera que el organismo exija explicaciones formales al Estado de Chile, recomiende medidas inmediatas de reparación y monitoree el cumplimiento de las obligaciones internacionales de Chile en materias de vivienda, salud e información.
“Existe un sentir de abandono entre las víctimas del megaincendio, que se suma al dolor de haber enfrentado una tragedia como esta, sin que nadie se haga responsable de las negligencias que produjeron la muerte de 139 personas y la destrucción de más de un tercio de la ciudad”, comentó el abogado en conversación con el medio Radio Bío Bío.
El documento apunta al Estado chileno y sus organismos tanto por su negligencia en el fallecimiento de las 139 personas que murieron en el mortífero incendio como por la falta de acciones posteriores en cuanto a ayuda psicosocial y la lenta reconstrucción de las más de 7.000 viviendas destruidas.
Específicamente, el documento señala como responsables de la violación a los derechos humanos a la CONAF por “fallas en prevención, modelamiento y gestión de alertas tempranas”, al SENAPRED por “deficiencias en la coordinación y tardanza en emisión de alertas de evacuación” y al Gobierno por “omisiones en la respuesta, reconstrucción y apoyo a las víctimas, lo que mantiene a miles de familias en condiciones indignas a más de un año después del siniestro”.
“Estamos convencidos de que esta catástrofe es responsabilidad del Estado de Chile en un sentido amplio, incluyendo al gobierno, las instituciones y hasta las municipalidades. Creemos que estamos ante una verdadera violación de derechos humanos protegidos por los tratados internacionales y, es por ello, que pedimos que la comunidad internacional, por medio de la ONU, verifique la existencia de estas vulneraciones que el Estado de Chile pretende relegar al olvido”, añadió el abogado.
Esta no es la primera vez que un grupo se organiza para realizar una denuncia por violación a los derechos humanos por parte del Estado ante la ONU, ya que también se han presentado acciones por la causa mapuche y el estallido social.
La acción fue presentada en representación de los familiares de alrededor de 65 fallecidos quienes tras la tragedia se unieron para formar la Comunidad de Damnificados del megaincendio de Viña del Mar.
El grupo se juntó con el foco de organizarse en torno a la defensa de los derechos de las víctimas de la catástrofe, para acceder a una vivienda adecuada, reparación integral y apoyo en las condiciones de salud física y mental deterioradas por los incendios.
En esa línea, han mantenido reuniones con autoridades para exigir soluciones habitacionales y apoyo psicosocial, han presentado distintas acciones legales –como querellas y demandas por indemnizaciones– y han realizado actividades de apoyo y contención emocional mutua.
“El grupo ha debido suplir la ausencia estatal en múltiples ámbitos, transformándose en un actor social clave en la reconstrucción y en la exigencia de responsabilidades”, indica el documento presentado este lunes ante la ONU.
