La familia Allende se refirió al cierre de la investigación de la Fiscalía Regional de Coquimbo sobre la compraventa de la casa del expresidente Salvador Allende, adquirida por el Gobierno. La indagatoria, que apuntaba a un posible caso de tráfico de influencias y fraude al fisco, fue cerrada debido a que no se encontraron antecedentes suficientes para formular imputaciones contra personas determinadas, aunque el Ministerio Público dejó abierta la posibilidad de reabrir el caso si surgieran nuevos elementos.
A través de un comunicado, la familia señaló que “el proceso ha sido doloroso, pero como familia estamos conformes porque la investigación reafirma lo que siempre hemos dicho: que no cometimos ningún delito, que jamás hemos recibido ningún pago y que apoyábamos el proyecto del gobierno de la casa museo Salvador Allende”. Con esto, se desestimaron todas las imputaciones que pesaban sobre miembros de la familia.
El caso generó repercusiones políticas significativas: en abril, la exsenadora Isabel Allende fue destituida de su cargo, mientras que su sobrina, la exministra de Defensa Maya Fernández, renunció a comienzos de marzo ante la presión de una acusación constitucional que se preparaba en el Congreso. La familia destacó que, pese a las dificultades, mantiene su compromiso con la memoria del expresidente y la ejecución del proyecto de la casa museo.
