Cinco años después de destaparse el caso, el escándalo conocido como “Papaya Gate” vuelve a recordar la política regional. La exintendenta de Coquimbo, Lucía Pinto, fue formalizada este lunes por su rol en la cuestionada compra de terrenos con fondos públicos, operación que habría generado un perjuicio fiscal de más de 9.800 millones de pesos. La Fiscalía también imputó cargos a su exadministrador regional, José Cáceres, y al empresario Pablo Bracchitta, vinculados a la millonaria transacción.
Según expuso la fiscal regional de Valparaíso, Claudia Perivancich, la compra de los terrenos en San Ramón se realizó a un precio muy por sobre su valor de mercado, y sin la autorización de Contraloría. A pesar del rechazo de cuatro contratos anteriores, la autoridad insistió en cerrar el trato a través de una notaría. Todo ello, con pleno conocimiento de los conflictos de interés que envolvían a Cáceres, quien mantenía vínculos comerciales previos con socios de la inmobiliaria Guayacán.
La Fiscalía pidió arresto domiciliario nocturno y arraigo nacional para Pinto, Cáceres y Bracchitta, mientras que para el resto de los imputados —por delitos tributarios— solicitó firma mensual. Aunque el Consejo de Defensa del Estado exigió prisión preventiva, el tribunal otorgó ciertas medidas más blandas, autorizando incluso la salida del país de uno de los involucrados. El caso sigue sumando tensión mientras se define el plazo de investigación y crecen las críticas por la gestión de recursos públicos.
