La demanda ingresada por los dueños de la ex Fuente Alemana (actual Antigua Fuente) contra el Estado de Chile, acusando falta de servicios durante el estallido social, fue acogida parcialmente por el 24° Juzgado Civil de Santiago.
Según La Tercera, la entidad sentenció un pago de casi $500 millones para los dueños del local ubicado en la Alameda, a pasos de la Plaza Baquedano, donde se concentraron los incidentes.
Aunque la justicia condenó al Estado a pagar $420.632.333 por lucro cesante, también se le sumó los pagos de daño moral para Claudio Siri Iglesia, con $15 millones; para Carlos Siri Scolari, con $30 millones; y para la esposa de este, Paula Andrade Ifchenko, con $10 millones. Esto da un total de $475.632.333.
La abogada representante de la familia Siri, Josefina Escobar, señaló en La Tercera que el juzgado reconoció el abandono que sufrió el lugar tras el estallido. “Según el fallo, este abandono se extendió por al menos tres años, periodo en el que el Estado no fue capaz de garantizar la seguridad y el orden público, lo cual resulta completamente inaceptable”, afirmó.
Reconocimiento de los hechos violentos
El fallo también indicó la continuidad de las manifestaciones en enero de 2022, mes en el que Carlos Siri fue agredido ; y que el 25 de marzo de ese año hubo un intento de incendiar el local cuando le prendieron fuego en la entrada.
Además, la resolución puntualizó acciones de autoridades pertenecientes a dos periodos de gobierno. La primera fue el 5 de febrero de 2022, cuando el entonces ministro Rodrigo Delgado, anunció un resguardo para la Antigua Fuente, en el que reconoció la existencia del hostigamiento a los locatarios que estaban en la zona cero.
También en marzo de ese año, el ministro de Economía de esa época, Nicolás Grau, pidió disculpas públicas en nombre del Estado por la situación vivida por los que vivían y trabajaban en el lugar. Esto ocurrió en una reunión en la que uno de los participantes fue el propio Carlos Siri.
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Originalmente, en la demanda de los primos Carlos y Claudio Siri solicitaron al Fisco una indemnización de $1.200 millones. Por ello, en los siguientes días interpondrán ante la Corte de Apelaciones un recurso de apelación.
