Desde junio de 2024, las cuentas de electricidad incluyen un cargo oculto que permite a las empresas distribuidoras financiar las compensaciones que deben pagar tras interrupciones del servicio. Según reveló Ciper, 21 de las 26 compañías del rubro aplican este cobro —equivalente al 0,52% del valor total de la boleta— sin informarlo explícitamente a los clientes. La Comisión Nacional de Energía (CNE) justificó la medida como parte del reajuste del Valor Agregado de Distribución (VAD), debido al retraso del proceso regulatorio.
Casi siete millones de hogares están cubriendo estos costos, lo que ha generado fuertes críticas. Entre las empresas que aplican el cargo figuran Enel, CGE, Saesa y Chilquinta. Aunque el CNE calificó el impacto como «marginal», el Panel de Expertos y organizaciones ciudadanas han cuestionado la legalidad y equidad de la medida. Incluso se modificó la Norma Técnica de Calidad de Servicio, reduciendo el tiempo máximo de corte anual de 12 a 9 horas, aunque en zonas rurales se amplió el plazo de reposición a seis horas, por sobre el límite reglamentario.
La polémica subió al nivel político. El diputado Marco Antonio Sulantay (UDI), presidente de la Comisión de Minería y Energía, anunció una sesión extraordinaria para citar a la CNE y al ministro Diego Pardow. Calificó el cobro como “un abuso” y exigió su suspensión inmediata. “Es inaceptable que las familias financien compensaciones por fallas que son responsabilidad de las empresas”, enfatizó el parlamentario.
