En la antesala de un marzo que se anticipa clave para el cierre legislativo del Gobierno, el ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Álvaro Elizalde, volvió a emplazar al Congreso a despachar los proyectos pendientes —en particular el fin del CAE y Sala Cuna para Chile— y llamó a dejar de lado disputas sobre quién se anota el triunfo, poniendo el acento en la urgencia social y política de ambas iniciativas.
Elizalde insistió en que el debate no puede estar cruzado por cálculos de rédito político, especialmente en un escenario de transición de mando y con una oposición que ha tensionado la tramitación de varios proyectos estructurales. Su mensaje fue doble: presión por plazos y búsqueda de acuerdos amplios.
CAE: “poner fin a la mochila” y ordenar recursos públicos
Sobre el Crédito con Aval del Estado, el ministro subrayó la dimensión social y fiscal del proyecto, recordando que el Ejecutivo ha dialogado de manera sostenida para destrabarlo. “Cómo no va a ser importante poner fin al CAE… nosotros hemos dialogado durante todo este tiempo para sacar adelante esta iniciativa”, dijo Elizalde en radio Cooperativa.
También puso en perspectiva el debate previsional para ilustrar que los grandes cambios requieren costos políticos y negociaciones complejas: “La reforma de pensiones todo el mundo sabía que era necesaria (…) y todos saben cuánto costó llegar al acuerdo, incluso hubo sectores que votaron en contra”.
En esa línea, defendió que el fin del CAE no solo alivia a las familias, sino que mejora la gestión de recursos públicos:
“Esperamos que se avance en esta iniciativa porque dice relación con necesidades sociales profundas. En el caso del CAE, poner fin a la mochila del CAE, ese peso para las familias, pero también administrar de mejor forma los recursos que el Estado destina a la educación superior”.
Respecto de Sala Cuna para Chile, Elizalde recordó que la discusión no es nueva y tiene origen en la administración anterior, buscando desactivar la idea de que se trata de un proyecto “identitario” de este Gobierno.
“En el caso de la Sala Cuna, todos sabemos la importancia que tiene esta discriminación que existe hacia las mujeres y su inserción al mundo laboral… y viene del gobierno del presidente Piñera”.
Con ello, el ministro reforzó la idea de que se trata de una política de Estado más que de una bandera partidaria, en línea con el emplazamiento del Presidente Gabriel Boric a aprobarla en las primeras semanas de marzo.
Elizalde aseguró que La Moneda sigue conversando con todos los sectores para asegurar los votos necesarios, en un Congreso que volverá a sesionar con una agenda recargada y tiempos estrechos.
“Yo espero que exista voluntad de acuerdo y de entendimiento, y se está conversando con todos para construir las mayorías necesarias para aprobar estas iniciativas. Nosotros siempre hemos dialogado con todos los actores”.
Sobre la discusión de quién promulga —Boric o el próximo gobierno— fue categórico en bajar el tono a ese debate:
“¿Por qué va a ser un problema? El tema es que se apruebe rápido. Nosotros esperamos que se apruebe bajo el mandato del presidente Boric. Pero aquí el tema no es quién firma, sino la necesidad de actuar con urgencia para sacar adelante un proyecto tan necesario para el país; o si no, después vamos a estar esperando quizás cuánto tiempo más. Por eso nos parece que se apruebe, en lo posible, la primera semana de marzo”.
“Algunos lo interpretan con el código de ‘no le demos al presidente Boric un nuevo triunfo’. Nosotros creemos que la reflexión es otra: trabajemos rápido para que esta iniciativa se apruebe”, cerró Elizalde.
El receso legislativo de febrero ya obligó a postergar definiciones clave, y marzo aparece como el último margen real para despachar reformas estructurales antes del cambio de mando.
CAE y Sala Cuna se han convertido así en pruebas de fuego del cierre del Gobierno: medirán no solo la capacidad de La Moneda para construir mayorías, sino también la disposición de la oposición a anteponer acuerdos de política pública a cálculos de corto plazo.
