Una millonaria demanda al Estado presentó la familia de los dueños de la exFuente Alemana, esto por falta de servicio, luego de que el local comercial sufriera una serie de daños estructurales debido a las manifestaciones originadas a partir del estallido social del 2019.
La abogada y representante de la familia Josefina Escobar, detalló que, «esta demanda se funda en argumentos jurídicos contundentes que no dejan duda de que el Estado ha hecho un abandono total de una verdadera zona de sacrificio, causando enormes perjuicios a los locatarios de dicha zona y en especial a los hermanos Siri, que han ejercido su actividad comercial hace más de 50 años en ese lugar».
A su vez, la licenciada representante de la familia Siri agrega que «la indemnización de perjuicios que se solicita es por más de $1.200 millones, que responden a los perjuicios económicos directos sufridos y al daño moral de los involucrados».
La demanda
En el escrito se indica, «Entablamos acción de responsabilidad del Estado por falta de servicio, con indemnización de perjuicios, en juicio de Hacienda, en contra del Fisco de Chile, representado por don Juan Antonio Peribonio en su calidad de Presidente del Consejo de Defensa del Estado, en razón de los daños patrimoniales y morales que los demandantes han sufrido a causa de la acción negligente, inadecuada y/o insuficiente en el restablecimiento del orden público en el sector de Plaza Baquedano por más de dos años».
Dicha situación «ha impedido total y/o parcialmente, conforme a los diferentes períodos de tiempo que se señalarán, el desarrollo de su actividad comercial y laboral (de la familia), la que ejercen a través de la operación del restaurante ‘Antigua Fuente’, generando ingentes daños patrimoniales y morales», detallan.
La acción liderada por los hermanos Carlo y Claudio no se trata solo de lo económico, pues consignan que «es imposible soslayar que en este caso no solo existe una justa pretensión patrimonial involucrada, sino una aspiración de resarcimiento del tremendo desgaste psicológico, familiar y personal, que han tenido que sufrir las personas naturales demandantes durante estos largos casi tres años, en que no han podido desarrollar libremente su negocio o trabajo, pero más aún, tiempo en que han vivido con el miedo que cualquier día podían perder su único medio de subsistencia o, derechamente, la vida», explican.
Producto de la «posibilidad y riesgo de verse expuestos a ataques directos —como el sufrido por Carlo Siri—, además de las constantes amenazas de quema o saqueo del local, han generado un alto nivel de estrés en estos demandantes, poniendo a prueba su entereza psicológica y familiar por un prolongado período de tiempo».
Por todo lo señalado, en la demanda solicitan una reparación de $80 millones para cada uno de los demandantes.
Gobierno
Ante esta denuncia, la vocera de Gobierno, Camila Vallejo, declaró que «las organizaciones tienen atribuciones constitucionales cuando se sienten abandonados o vulnerados por el Estado» pero que por otro lado, «queremos destacar todo el trabajo que hemos hecho con locatarios».
«Lo que nos corresponde como Gobierno es seguir avanzando en recuperar espacios públicos, apoyar a las pymes, industrias creativas, locatarios, etc y con eso estamos trabajando con autoridades locales de cada municipalidad (…) estamos avanzando en seguridad, estamos combatiendo con todos los recursos económicos el crimen organizando y la delincuencia en todo el territorio nacional», finalizó.
