El ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, anunció que el Gobierno decidió revertir la expropiación de Colonia Dignidad, iniciativa impulsada por la administración anterior para convertir el lugar en un sitio de memoria.
El enclave, ubicado en la comuna de Parral, fue fundado por Paul Schäfer y es reconocido como un centro de detención, tortura y violaciones a los derechos humanos durante la dictadura militar.
Decisión basada en restricciones presupuestarias
En conversación con La Tercera, el secretario de Estado explicó que la medida responde a un complejo escenario fiscal. Según indicó, el ministerio enfrenta un 97% de su presupuesto comprometido, principalmente por deudas de arrastre.
En ese contexto, afirmó que la eliminación de proyectos considerados no prioritarios permitirá cumplir con el ajuste del 3% solicitado por el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz.
Entre las iniciativas que serán descartadas se encuentran la expropiación de Colonia Dignidad, el Club Hípico de Punta Arenas, la ciclovía de la Alameda y parte de los recursos asociados a la megatoma de San Antonio. Según Poduje, estos proyectos representan cerca del 25% del plan de reconstrucción del Biobío.
“Gobernar es priorizar”
Respecto al caso específico de Colonia Dignidad, el ministro detalló que se dictará un decreto para revocar el proceso de expropiación, descartando incluso avanzar en su tasación.
“Nos están pidiendo recursos para tasarlo. Nosotros no vamos a hacer eso, porque no tenemos los recursos”, afirmó, agregando que la iniciativa implicaría expropiar una zona urbana completa, lo que —según señaló— no tiene precedentes.
Poduje precisó que solo la expropiación del área urbana tendría un costo cercano a $47 mil millones, recursos que, aseguró, podrían destinarse a otras necesidades urgentes.
“Con esa plata puedo arreglar 1.500 viviendas que están en mal estado o mejorar decenas de espacios comunitarios. Gobernar es priorizar”, sostuvo.
Debate por memoria y derechos humanos
El ministro descartó que la decisión tenga un trasfondo ideológico, pese a las críticas que han surgido considerando el historial del lugar y su relevancia en materia de derechos humanos.
“No, nada, cero ideología. Es puro criterio de prioridad social”, afirmó.
Asimismo, indicó que el foco del Ministerio de Vivienda está en atender necesidades habitacionales y urbanas, señalando que otras instituciones podrían eventualmente hacerse cargo de iniciativas vinculadas a memoria histórica.
La decisión ha reabierto el debate sobre el rol del Estado en la preservación de sitios de memoria y la priorización del gasto público, en un contexto de restricciones fiscales y demandas sociales urgentes.
