Las diputadas electas Javiera Rodríguez y Valentina Becerra solicitaron la revocación de las pensiones de gracia otorgadas en el contexto del estallido social de 2019, tras conocerse un informe que cifra en más de $7 mil millones los recursos asignados durante el actual gobierno. Según los antecedentes difundidos, el monto total alcanza los $7.009.644.357 y beneficia a 418 personas.
Del total de pensiones vitalicias, 270 fueron concedidas durante la administración del presidente Gabriel Boric y 148 corresponden al periodo del expresidente Sebastián Piñera. Las parlamentarias manifestaron su preocupación por lo que calificaron como un gasto “desmesurado”, cuestionando además la transparencia del proceso y advirtiendo posibles irregularidades en la entrega de los beneficios.
En ese contexto, Rodríguez calificó como “altamente cuestionable” el otorgamiento de pensiones a personas vinculadas a hechos violentos, mientras que Becerra planteó la necesidad de una revisión exhaustiva de los criterios de asignación. La controversia surge luego de que la Contraloría detectara 58 beneficiarios con antecedentes penales previos al 18 de octubre de 2019, lo que derivó en la revocación de 28 pensiones durante 2024. Ambas legisladoras llamaron a reevaluar la continuidad de estos beneficios y a priorizar el uso de recursos fiscales en otras necesidades urgentes del país.
