El comandante de Gendarmería de Santiago 1, quien fue atacado por el Tren de Aragua en abril pasado en su domicilio en Cauquenes, reveló en su testimonio ante la PDI graves hechos de corrupción dentro del penal. Según el funcionario, algunos gendarmes pueden hasta $500 mil diarios en negocios ilegales con internos, lo que evidenciaría un sistema de filtraciones, ventas y protección a reclusos.
El caso se enmarca en la investigación de la Fiscalía Metropolitana Occidente y la policía civil, que en abril detuvieron a tres sujetos venezolanos vinculados al atentado. Los atacantes dispararon contra la casa del funcionario y dejaron una corona de flores con amenazas directas, lo que levantó sospechas sobre la entrega de información personal por parte de colegas de Santiago 1. Posteriormente, medios como Ciper y La Tercera confirmaron que un cabo —e incluso, según T13, un suboficial apodado “doctor”— habrían colaborado filtrando antecedentes del gendarme a la organización criminal.
El funcionario denunció que en reiteradas ocasiones observará a compañeros ingresar artículos prohibidos, como comida, alcohol, drogas y celulares, sin que se individualizará responsables en los allanamientos internos. Aseguró que la hostilidad de algunos colegas hacia él aumentó cuando se negó a participar de estas prácticas y denunció irregularidades. Tras el atentado, lamentó la falta de apoyo institucional y subrayó que la corrupción carcelaria no solo facilita el negocio de los reclusos, sino que exponen la vida de los propios funcionarios.